En San Ignacio Misiones, se encaró un operativo policial fiscal en donde se detuvo a tres personas sindicadas como cabecillas de un esquema de fraude piramidal. El sistema operaba a través de las redes sociales y según el Ministerio Público hay más de 2000 personas afectadas.

La operación denominada YIDA Transfronterizo es una investigación orientada a desarticular una presunta organización criminal dedicada a la estafa mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal, enfocado en el sistema ponzi o red piramidal que operaba en criptomendas.

El sistema operaba exclusivamente a través de las redes sociales, los estafadores proponen ofertas laborales que captan la atención de la gente al prometer grandes ganancias por tareas sencillas, como calificar productos en plataformas digitales. La gente, seducida por las ganancias rápidas, aceptan ingresar al esquema. Pero, una vez dentro, la plataforma le pide que invierta un cierto monto para empezar a “trabajar”.

A medida que van avanzando, la plataforma les pide que inviertan más para poder retirar la ganancia. En ese sentido, la fiscal Ruth Benítez relató que este sistema afectó a más de 2000 personas en todo el país.

“Captaban a sus clientes a través de canales de Whatsapp y Telegram, bajo engaño les ofrecían a las personas a través de las redes sociales grandes ganancias a cambio de trabajos, en donde la gente tenía que calificar productos y recibían un rédito después de hacer una inversión. Luego, esta gente les pedía un 20% para el retiro de esas ganancias y las víctimas se despojaban de sus bienes para tener ese dinero y a partir de allí ellos desaparecían de las plataformas”, relató.

La billetera de bitcoins del sospechoso. Foto: Ministerio Público

Hasta el momento, la investigación permitió documentar más de 60 víctimas directas, pero habría más en todo el país. Las primeras denotan un perjuicio patrimonial inicialmente acreditado de G. 605.468.213. No obstante, el análisis de la evidencia digital y de los movimientos de criptoactivos permitió detectar operaciones superiores a USD 3 millones en USDT, equivalentes a más de G. 22.000 millones. Los investigadores estiman que la organización podría haber afectado a más de 2.000 personas en todo el territorio nacional.

Como resultado de las diligencias investigativas, el Ministerio Público obtuvo 25 órdenes de captura y cuatro órdenes de allanamiento dirigidas contra quienes serían los principales operadores locales de la estructura criminal.

En ese contexto, fueron identificados como principales objetivos de los procedimientos Carlos Ramón Segovia Báez, Jhonathan Marcelo Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel y Néstor Manuel Galeano Martínez, quienes cuentan con órdenes de detención preventiva por su presunta participación en los hechos investigados.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas diligencias ni la identificación de otros integrantes de la organización.

Finalmente, el Ministerio Público exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas de empleo o inversiones que prometan ganancias extraordinarias a cambio de depósitos previos o transferencias de dinero, e insta a denunciar este tipo de hechos a fin de prevenir nuevas víctimas.

Fuente: unicanal.com.py