El Decreto 574, con fecha 2 de noviembre, fue dado a conocer en el transcurso de este lunes. Tiene relación con el pedido de ampliación presupuestaria para la Fiscalía General del Estado de poco más de G. 18.000 millones que debían ser destinados a ingresos de sus funcionarios, por medio de un aumento en el orden del 10 hasta el 18%, así como la creación de 455 cargos, y 28 gastos de representación.
Entre las consideraciones del Ejecutivo para el veto total, se destaca que la solicitud de aumento salarial podría hacer sobrepasar el tope del déficit fiscal. Recuerda, además, que el Ministerio Público ha sido beneficiado con aumentos salariales y otros incrementos, que representan una carga de más de G. 100.000 millones para el fisco.
También menciona que los aumentos provocan inequidades entre funcionarios. En ese sentido, el documento pone énfasis en que los funcionarios del Ministerio Público tienen una carga laboral de 6 horas diarias, mientras que en horas dependencias públicas y privadas la carga laboral asciende a 8 horas diarias.
También alega que durante el presente ejercicio no se observó un aumento significativo de los ingresos tributarios como para que permita financiar el incremento solicitado por el Ministerio Público.
“Que en caso de ser aprobada esta iniciativa, implicará requerimientos adicionales de recursos genuinos de la Tesorería General sobre lo aprobado en el presupuesto actual, que se encuentra sobreestimado y ocasionará un desfasaje entre ingresos y gastos”.
Los funcionarios del Ministerio Público iniciaron una huelga en reclamo de la aprobación de la ampliación de su presupuesto, con apoyo de la fiscala general Sandra Quiñónez.
Los huelguistas manifestaron que la Fiscalía está cumpliendo su tarea en el combate a la corrupción, que justamente salpicó a varios legisladores, que precisamente son los que tienen que rechazar o aprobar lo peticionado por la institución que representa a la sociedad.