Un caso especialmente grave sucedió el viernes 22 del corriente en Azotey, Departamento de Concepción, donde una instalación de telefonía móvil ha quedado fuera de servicio luego de ser incendiada. Amenazas de hechos criminales similares se han registrado en localidades como Yby Yau, Santa Rosa del Aguaray y Presidente Franco.
A raíz del evento ocurrido en Azotey, además de la ya citada instalación de telefonía móvil que quedó fuera de servicio, otras cinco instalaciones que brindan servicio en la zona, como consecuencia de la afectación de la primera, quedaron igualmente fuera de servicio, dejando incomunicados a miles de usuarios.
Los servicios de telecomunicaciones juegan un rol fundamental en medio de la crisis causada por el COVID19, permitiendo acercar digitalmente a las personas con sus seres queridos, sus trabajos, proyectos, estudios, emprendimientos; así como también con los profesionales de salud y autoridades. Incluso, las billeteras electrónicas de las diferentes operadoras están facilitando las transferencias de subsidios del Gobierno. Nada de esto sería posible sin antenas de telefonía móvil.
Diversas entidades internacionales, entre las que podemos citar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante (ICNIRP por sus siglas en inglés), siendo esta última la máxima autoridad a nivel mundial en materia de radiaciones electromagnéticas, han conducido estudios sobre los efectos de las ondas que emiten las antenas de telefonía sobre la salud humana. Según la OMS, “hasta la fecha, y después de mucha investigación realizada, ningún efecto adverso para la salud se ha relacionado causalmente con la exposición a tecnologías inalámbricas”. Dentro de estas tecnologías se incluyen a las diferentes generaciones de sistemas de telefonía móvil, a saber, 1G (1era. generación), 2G, 3G, 4G y 5G (5ta. generación). Es importante señalar que en Paraguay no existe aún ningún sistema 5G en operación.
Por lo expuesto, los operadores de telefonía móvil manifiestan que no podrán garantizar la prestación de sus servicios en aquellas localidades donde se produzcan hechos vandálicos contra sus instalaciones, y advierten que se tomarán todas las medidas legales contra quienes dañen las infraestructuras de telecomunicaciones y atenten contra el personal técnico asignado a tareas de instalación, mantenimiento y reparación de sus sistemas.
Por último, instamos a la ciudadanía consultar fuentes oficiales en caso de dudas sobre los efectos a la salud humana que pudieran derivar de las infraestructuras de telecomunicaciones utilizadas para el servicio de telefonía móvil; y a las autoridades nacionales y locales, urgimos que aseguren las garantías necesarias para mantener activos los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional.