La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de ley que declara en situación de emergencia vial a la Ruta PY08 «Doctor Blas Garay», específicamente en el tramo antiguo que se extiende por 14 kilómetros y conecta los distritos de San Pedro del Paraná y José Leandro Oviedo, en el departamento de Itapúa.

Con esta declaración, se otorga al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la autoridad para gestionar los recursos necesarios para reparar esta vía. El objetivo de la iniciativa es mitigar los efectos del deterioro de la ruta, que actualmente representa un riesgo para la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos.

La declaración de emergencia tendrá una vigencia de 120 días, lapso durante el cual se espera que se agilicen las acciones necesarias para mejorar la transitabilidad del tramo afectado. Según la exposición de motivos del proyecto, la situación actual de la carretera representa un peligro latente para sus usuarios, haciendo necesaria una intervención urgente.

Además, la reparación del tramo contribuirá al desarrollo del Departamento de Itapúa, al mejorar la conectividad y el transporte en la región.

Durante el debate en la plenaria, el diputado Sebastián Remesowski (ANR-Itapúa), vocero de la Comisión de Presupuesto, explicó que el dictamen aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto original. Entre los cambios, el Senado eliminó un artículo que autorizaba al Poder Ejecutivo a realizar contrataciones directas de obras públicas o servicios con proveedores y contratistas durante el periodo de emergencia vial.

La diputada Del Pilar Vázquez (PLRA-Itapúa), una de las autoras del proyecto, enfatizó la urgencia de la situación, calificando el estado del tramo como «realmente una emergencia». Otros legisladores que impulsaron la iniciativa incluyen a los diputados César Cerini (ANR-Itapúa) y Germán Solinger (ANR-Itapúa). La propuesta también recibió el respaldo del diputado Christian Brunaga (ANR-Itapúa).

El proyecto establece que, pasada la etapa de emergencia vial, el Poder Ejecutivo deberá remitir un informe detallado al Congreso en un plazo de 60 días. Este informe incluirá los gastos efectuados y las acciones administrativas llevadas a cabo en este contexto.

El documento ahora pasa al Poder Ejecutivo para su consideración final.